Francia al borde del abismo

La decisión de mantener a Sébastien Lecornu como primer ministro, encabezando un gabinete que incorpora a seis exmiembros de Los Republicanos (centro-derecha) y ocho altos funcionarios, no ha contribuido a reducir la sensación de fragilidad política que domina la vida pública francesa. Apenas formado, este segundo gobierno Lecornu enfrenta ya una doble amenaza de censura: tanto La France Insoumise (izquierda radical) como el Rassemblement National (ultraderecha) han presentado mociones, mientras que el Partido Socialista evalúa una tercera tras la presentación del presupuesto del Estado y de la Seguridad Social, prevista para el martes.

El primer Consejo de Ministros, convocado para mañana a las 10 a. m., marcará el bautismo de fuego de un Ejecutivo bajo una fuerte presión. En él se presentarán la Ley de Finanzas y la Ley de Financiación de la Seguridad Social antes de enviarlas a la Asamblea Nacional. Por razones de tiempo, el texto será idéntico al remitido el 2 de octubre al Alto Consejo de Finanzas Públicas, un presupuesto de continuidad, con margen de maniobra limitado que refleja tanto las restricciones políticas como la presión de los mercados.

El gobierno mantiene oficialmente su objetivo de reducir el déficit público por debajo del 5% del PIB en 2026, confirmando además la meta europea del 3% para 2029. Pero el camino se ha vuelto más empinado: el crecimiento se ha revisado a la baja hasta 1%, y cada décima adicional de déficit agrava una deuda superior al 114% del PIB. En el contexto actual, con los rendimientos de los bonos franceses (OAT) en 3,470% y el diferencial con el Bund alemán en 0,844%, incluso un mínimo error fiscal podría reavivar las tensiones en los mercados de deuda soberana.

El presupuesto Lecornu se caracteriza por una austeridad impuesta. Se esperan 6.000 millones de euros en ahorros mediante recortes en el gasto operativo del Estado y en las transferencias sociales. El primer ministro ha descartado medidas polémicas —como la supresión de dos días festivos propuesta por François Bayrou—, pero mantiene su compromiso con la reducción del gasto público estructural.

En el ámbito fiscal, Lecornu ha rechazado el llamado “impuesto Zucman” solicitado por la izquierda y ha optado por un gravamen sobre los activos financieros mantenidos por sociedades patrimoniales familiares, que podría recaudar entre 1.000 y 1.500 millones de euros. También planea mantener la contribución diferencial sobre las rentas altas y reducir el impuesto al valor añadido empresarial, con un coste estimado de 1.100 millones de euros. A ello se suman una leve rebaja del impuesto sobre la renta para parejas de bajos ingresos y una deducción revisada para pensionistas con mayores rentas.

En política social, el primer ministro ha abierto la puerta a una suspensión parcial de la reforma de pensiones, una demanda clave del Partido Socialista. Sin embargo, mantiene su plan de contener el gasto sanitario, duplicando el copago médico y endureciendo los límites en las bajas por enfermedad. Se prorrogaría además el llamado “año en blanco”, que congela los salarios y prestaciones del sector público, mientras se estudia un aumento focalizado de las pensiones femeninas.

Este mosaico de medidas refleja la postura defensiva de un gobierno en modo supervivencia. Al combinar disciplina fiscal, concesiones selectivas y prudencia social, el Ejecutivo busca mantener la confianza de los mercados sin provocar la ira pública. Pero esto ya no es un programa económico, sino una estrategia de último recurso.

La crisis francesa ha dejado de ser solo fiscal para volverse sistémica. La mayoría presidencial, ampliada artificialmente con aliados frágiles, apenas oculta la erosión del centro político. Las mociones de censura podrían abrir la vía a una disolución de la Asamblea Nacional en las próximas semanas: una maniobra arriesgada, pero cada vez más inevitable para restaurar una legitimidad en declive.

Atrapada entre inestabilidad política, fragilidad financiera y fatiga democrática, Francia avanza al borde del abismo. “Demasiado grande para caer”, debe ahora demostrar que sigue siendo capaz de gobernar, reformar y convencer. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una democracia suspendida entre la impaciencia de los mercados y el cansancio de sus ciudadanos.

Mientras la política siga limitada a gestionar crisis en lugar de superarlas, la República permanecerá al borde de la ruptura.

Matéis Mouflet, Analista de Mercados, XTB

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