El anuncio de Donald Trump del 9 de enero de 2026 desató una fuerte ola de ansiedad en Wall Street, pese a que parecía que los inversionistas ya habían aprendido a navegar un mercado sacudido por declaraciones provenientes de la Casa Blanca.
En esta ocasión, los bancos y el sector financiero quedaron en el centro de la presión. El presidente propuso introducir un tope del 10% a la tasa de interés máxima de las tarjetas de crédito, con entrada en vigor el 20 de enero. No obstante, no presentó una vía legal clara ni un mecanismo de aplicación. Aunque muchos analistas intentan no tomarse la propuesta al pie de la letra, subestimar la determinación de Trump podría ser un error.
Los mercados, sin embargo, no esperaron mayores detalles. En pocos días tras el anuncio, el sector financiero perdió decenas de miles de millones de dólares en capitalización bursátil. Las entidades más expuestas a tarjetas de crédito fueron las más golpeadas: Capital One registró una caída de dos dígitos, mientras que Citigroup y American Express anotaron retrocesos cercanos al 7%. El efecto contagio también alcanzó a los gigantes de pagos como Visa y Mastercard, donde las caídas rondaron el 5%.
Visa – gráfico diario (D1)
Fuente: xStation5
Actualmente, las tasas promedio de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos superan el 20%, y para clientes premium las tasas más bajas se acercan al 12%. En este contexto, la propuesta de Donald Trump implicaría un recorte administrativo de hasta la mitad en el precio del crédito, en un segmento que genera alrededor de USD 160.000 millones anuales en ingresos por intereses.
La deuda total de tarjetas de crédito en EE.UU. ya supera los USD 1,2 billones, mientras que la proporción de préstamos en mora continúa aumentando.
Los problemas asociados a esta declaración son numerosos. En primer lugar, debe señalarse que el presidente no cuenta con una vía legislativa clara para implementar legalmente una medida de este tipo. Una propuesta tan controvertida difícilmente avanzaría en el Congreso, y cualquier intento mediante orden ejecutiva sería impugnado casi de inmediato y, con el tiempo, probablemente revocado. Sin embargo, Trump ha demostrado que, incluso si una política es difícil de aplicar, ilegal o potencialmente dañina, ello no necesariamente representa un freno para la actual administración.
¿Qué viene ahora?
El mercado permanece en un punto muerto. Nadie puede predecir con certeza cuán genuinas son las intenciones de la administración ni qué mecanismos podría utilizar para forzar una reducción de las tasas de interés.
El CEO de JPMorgan Chase apunta al núcleo del problema. Advirtió que un tope a las tasas podría provocar una reducción en la disponibilidad de crédito, especialmente para los clientes de menores ingresos, y que en el largo plazo podría encarecer el financiamiento en toda la economía. Las tasas de interés no son un número arbitrario, sino el resultado de una función compleja entre riesgo y rentabilidad. Para reducirlas de forma sostenible, es necesario modificar los fundamentos del mercado; imponerlas desde arriba podría derivar en restricciones severas al acceso al capital o incluso en una crisis financiera.
El segmento más vulnerable sería el de los clientes con historiales crediticios débiles. Estimaciones del sector sugieren que decenas de millones de estadounidenses podrían perder completamente el acceso a las tarjetas de crédito o ver sus límites drásticamente reducidos. Para los bancos, esto implicaría cerrar las carteras más riesgosas, ya que con una tasa máxima del 10% no podrían compensar las pérdidas por impagos. Al mismo tiempo —y esto es clave— una parte creciente del consumo se financia con tarjetas de crédito. Reducir las tasas no mejorará la situación de estos consumidores; por el contrario, los privará del acceso al crédito.
Desde la perspectiva de las instituciones financieras, el impacto potencial sobre la rentabilidad es significativo. Los analistas estiman que el tope podría recortar hasta la mitad de los beneficios generados por las tarjetas de crédito, y para emisores especializados supondría una erosión estructural del modelo de negocio.
Una restricción abrupta del acceso al crédito podría reducir el crecimiento económico en varias décimas de punto porcentual por año, especialmente en un contexto de desaceleración. Además, existe el riesgo de empujar a los prestatarios hacia formas de financiamiento más costosas y menos reguladas, como préstamos “payday” o créditos respaldados por activos. En ese escenario, los consumidores que el tope pretendía proteger terminarían recurriendo a fuentes de deuda aún más caras y riesgosas.
Si Trump decidiera “imponer el tope por la fuerza”, mediante presión política o intentos de sortear al Congreso, el resultado más probable sería años de litigios y una mayor paralización de las decisiones de inversión en el sector financiero. Para la economía, esto no significaría crédito más barato, sino capital más caro, menor apetito por riesgo y consumo más débil.
En consecuencia, la mayor amenaza no es el nivel del 10% en sí, sino la señal de que las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana. Y eso es, precisamente, lo que los mercados financieros tienden a castigar con mayor fuerza.
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