Colombia usa poderes de emergencia para aumentar impuestos a bancos y ricos

Un giro fiscal por decreto: la decisión del gobierno de Petro

El gobierno izquierdista de Colombia anunció que utilizará poderes de emergencia para aumentar los impuestos a los ciudadanos más ricos del país, así como al sector de servicios financieros. La decisión marca un punto de inflexión en la estrategia fiscal del Ejecutivo, al optar por un camino extraordinario tras el rechazo legislativo de su propuesta tributaria.

Según lo expuesto por el presidente Gustavo Petro el martes, durante un discurso nacional, el gobierno está decretando cambios concretos en el impuesto a la riqueza: por un lado, incrementará la tasa máxima y, por otro, modificará el umbral desde el cual se debe pagar. Al mismo tiempo, el Ejecutivo elevará el recargo aplicable a empresas del sistema financiero, endureciendo la carga impositiva sobre un sector que suele tener un peso relevante en la recaudación.

¿Qué cambios trae el aumento del impuesto a la riqueza?

En el detalle, Petro dijo que el gobierno decretará un aumento en la tasa máxima del impuesto a la riqueza desde 1,5% hasta 5%. Además, la medida también reduciría el umbral a partir del cual se vuelve pagadero a 2 mil millones de pesos (530.000 dólares) desde 3,6 mil millones de pesos.

Este punto es relevante porque amplía la base de contribuyentes alcanzados por el tributo: al bajar el umbral, más patrimonios quedarían sujetos al pago, y al subir la tasa máxima, el costo fiscal para quienes ya estaban dentro del impuesto puede escalar de forma significativa.

Un dato clave señalado por el propio presidente es que estas cifras no han cambiado respecto de las tarifas que el gobierno envió en un proyecto de ley al Congreso este año, iniciativa que los legisladores rechazaron. Es decir, el Ejecutivo mantiene intacta la arquitectura de su propuesta original, pero cambia el vehículo político-institucional para implementarla.

El recargo al sector financiero: un aumento que se triplica

El paquete de medidas no se limita al patrimonio de los más ricos. Petro también anunció que el recargo a las empresas de servicios financieros se triplicará hasta llegar al 15%, según dijo en una presentación.

Este tipo de recargos suele ser especialmente sensible por dos motivos. Primero, porque impacta directamente en la rentabilidad de bancos y compañías financieras. Segundo, porque abre el debate sobre cuánto de ese mayor costo puede trasladarse —de forma directa o indirecta— al resto de la economía a través de comisiones, condiciones de crédito o menor disposición a financiar ciertos segmentos.

¿Por qué Colombia declaró una emergencia económica?

El gobierno declaró una emergencia económica esta semana y argumentó que la decisión estaba justificada por una posición fiscal tensa, la necesidad de un mayor gasto en atención médica y seguridad, y el rechazo del proyecto de ley fiscal.

En otras palabras, el Ejecutivo plantea que enfrenta presiones presupuestarias que requieren acción inmediata y que, al no contar con la aprobación del Congreso para su reforma tributaria, recurre al mecanismo de emergencia como alternativa para aumentar la recaudación.

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Qué implica usar poderes de emergencia para subir impuestos

La declaración permite al gobierno aumentar los impuestos sin la aprobación del Congreso. Ese es el núcleo de la controversia: se trata de un stated bypass temporal al trámite legislativo tradicional, algo que puede resultar atractivo para un gobierno que busca rapidez en la ejecución de su agenda fiscal, pero que al mismo tiempo eleva el nivel de escrutinio político y jurídico.

En Colombia, las emergencias económicas suelen reservarse para crisis como terremotos y pandemias, y por ello existe la posibilidad de que la Corte Constitucional del país la revoque. Esto introduce un componente de incertidumbre: aun cuando el Ejecutivo decrete los cambios tributarios, el destino final de la medida puede depender de una revisión constitucional, con el riesgo de que los decretos sean invalidados.

Tensiones políticas: del Congreso a la Corte Constitucional

El trasfondo político es clave para entender el movimiento. El gobierno ya había intentado impulsar estos cambios mediante un proyecto de ley, pero los legisladores lo rechazaron. Al mantener las mismas cifras (tasa máxima del 1,5% al 5% y umbral a 2.000 millones de pesos desde 3,6 mil millones), Petro reafirma el objetivo fiscal original, aunque ahora bajo un marco institucional distinto.

Este paso puede tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que el uso de facultades extraordinarias para un tema de alta sensibilidad —como los impuestos— suele ser interpretado como una señal de endurecimiento político. A la vez, desplaza parte del “ca