Francia tira la toalla con el déficit de 2026: el frenazo económico obliga a Lecornu a admitir que no llegará al 5%

El Gobierno francés reconoce que este año no logrará contener el déficit público en el 5% del PIB, el objetivo con el que había logrado sacar adelante los presupuestos hace apenas siete meses. La ralentización de la economía, sumada a la inestabilidad política y a la subida de los costes de financiación, deja a París en una posición cada vez más incómoda frente a los mercados y sus socios europeos.

Francia ha dado carpetazo a su plan para reducir el déficit presupuestario de 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, admitió este viernes ante los periodistas que el objetivo del 5% del PIB “ya no es una opción”, por lo que el país “terminará con un déficit superior al 5%”. “Estamos haciendo todo lo posible por mantenerlo lo más cerca posible del 5%”, matizó el ministro, en un intento de contener el impacto de la noticia.
La causa principal, según el propio Ejecutivo, es que el impulso económico se está desacelerando más de lo previsto, lo que reduce los ingresos fiscales esperados y complica cualquier intento de ajuste sin recortes de gasto adicionales.

Un objetivo que ya nacía tocado

El 5% no era, en realidad, la meta original. El Gobierno de Sébastien Lecornu aspiraba a devolver el déficit al 4,7% del PIB, pero tuvo que elevar esa cifra al 5% para poder sacar adelante los presupuestos de 2026 con el respaldo, siquiera tácito, del Partido Socialista. Lecornu logró aprobar las cuentas del Estado a comienzos de febrero recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, que permite validar una ley sin votación directa salvo que triunfe una moción de censura. El primer ministro sobrevivió a una doble moción de censura -presentada por La Francia Insumisa y por la Agrupación Nacional- por un margen relativamente amplio, pero al precio de renunciar a parte de su ambición fiscal.

Ya entonces, la Cour des Comptes -el tribunal de cuentas y organismo fiscal independiente del país- advirtió que ese objetivo del 5% era “extremadamente incierto”. Su informe de febrero señalaba que el Parlamento había eliminado varias medidas de ahorro clave en el presupuesto de la Seguridad Social, entre ellas un aumento de los copagos médicos y una congelación de las pensiones, lo que dejaba el plan de consolidación fiscal en una posición mucho más frágil de lo que aparentaba. El organismo también alertó de que el presupuesto dependía en exceso de unos 12.000 millones de euros en impuestos adicionales, concentrados sobre todo en un recargo del impuesto de sociedades a las grandes empresas, y reclamó un giro decidido hacia el recorte de gasto, ya que Francia tiene la mayor carga fiscal de la zona euro y nuevas subidas impositivas “pondrían en peligro la competitividad” y el empleo.

La economía no ayuda

Durante la primavera, el Gobierno insistió en que mantendría el objetivo pese a las dudas del supervisor fiscal. En junio, Lescure reafirmó en una entrevista en France Culture su compromiso con el 5%, aunque reconoció que Francia llevaba años “luchando por frenar el aumento incesante del gasto social” y que, de no lograrlo, “la situación se complicaría mucho”.

La primera gran señal de alarma llegó en julio. Lescure comunicó a los legisladores que el Gobierno rebajaba su previsión de crecimiento para 2026 del 0,9% al 0,7%, tras un inicio de año débil y el impacto añadido de la guerra de Irán en los mercados de energía. “Está claro que nuestro objetivo de un déficit público del 5% del PIB es ahora difícil de alcanzar. Haremos todo lo posible por acercarnos lo máximo posible”, admitió entonces el ministro, mientras el titular de Presupuestos, David Amiel, apuntaba a la necesidad de unos 3.000 millones de euros adicionales en recortes de gasto. Dos meses después, esa cautela se ha convertido en constatación: el crecimiento no ha repuntado lo suficiente para sostener los ingresos fiscales previstos, y el Ejecutivo ya no plantea el 5% como un suelo alcanzable, sino como una referencia de la que solo puede intentar no alejarse demasiado.

Los mercados ya lo estaban penalizando

La reacción de los inversores se había adelantado a la confirmación oficial. El pasado 9 de septiembre, la prima de riesgo francesa -el diferencial entre el bono a 10 años de Francia y el Bund alemán equivalente- cerró en 90 puntos básicos, su nivel más alto desde 2012. 

Ese encarecimiento de la financiación quedó plasmado también en las subastas del Tesoro francés: en la última colocación de bonos OAT a 10 años, el Estado tuvo que pagar un 4,23% de interés, frente al 3,90% de agosto, el tipo más alto desde la crisis financiera global de 2008. La deuda francesa se sitúa ya en el 117,5% del PIB, un nivel no visto en décadas, mientras el déficit del ejercicio anterior alcanzó el 5,1% del PIB, uno de los más elevados de la eurozona y muy por encima del límite del 3% fijado para los socios de la Unión Europea.

La Cour des Comptes ya había avisado en febrero de que, incluso si Francia alcanzaba el 5% este año, la deuda pública llegaría al 118,6% del PIB, un nivel que dejaría al país más expuesto a la subida de los costes de endeudamiento y podría forzar nuevas rondas de austeridad en los próximos años.

¿Qué implica para Francia y para Europa?

El anuncio de Lescure llega en un momento especialmente delicado para Lecornu, que debe negociar ya los recortes de gasto para el presupuesto de 2027 en un Parlamento fragmentado, sin mayoría absoluta y con la amenaza constante de una nueva moción de censura. Cada punto de desviación en el déficit de 2026 resta margen de maniobra para esas negociaciones y alimenta la desconfianza de los mercados sobre la capacidad de Francia para estabilizar su deuda a medio plazo.

Para la zona euro, el episodio reabre el debate sobre la disciplina fiscal de su segunda economía. Francia lleva ya dos años consecutivos de cuentas públicas complicadas y su incumplimiento reiterado del límite de déficit del 3% del PIB la mantiene bajo vigilancia de Bruselas. Un déficit por encima del 5%, unido a una prima de riesgo en máximos de más de una década, incrementa la probabilidad de que las agencias de calificación revisen a la baja sus notas sobre la deuda soberana francesa y añade presión sobre el Banco Central Europeo y el resto de socios europeos, que observan con inquietud si Francia puede convertirse en el próximo foco de tensión de la deuda soberana en la región.

En el corto plazo, la atención se traslada ahora a cómo reaccionan los mercados de bonos en las próximas sesiones y a si el Gobierno de Lecornu logra o no cerrar un nuevo ajuste de gasto antes de que la negociación del presupuesto de 2027 se convierta en el siguiente pulso político y financiero de París.