Empieza el juicio que puede definir el futuro financiero de Meta

Este martes, en el tribunal federal de Oakland (California), comienza el juicio que puede definir el futuro financiero y operativo de Meta Platforms. Se trata de la consolidación de una demanda presentada en 2023 por una coalición de 29 fiscales generales estatales que podría acabar en una sentencia histórica dentro del sector de las redes sociales, ya que acusa a Meta de implementar funciones para generar adicción a Facebook e Instagram, dos aplicaciones de la compañía, entre los usuarios más jóvenes.

¿Por qué se produce esta demanda contra Meta?

El caso lo dirige la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, presidenta de la Corte de Distrito Norte de California, y las alegaciones corren a cargo de los estados de California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky en representación del resto de la coalición. El fiscal general de California, Rob Bonta, resume así la tesis de la acusación: “Meta diseñó un producto peligroso para usuarios jóvenes, sabía que era peligroso, y luego mintió a los niños, las familias y la comunidad sobre lo peligroso que era”.

Las acusaciones se apoyan en tres pilares: violaciones de la ley federal de privacidad infantil (COPPA), por recabar y conservar datos de menores de 13 años sin consentimiento parental; infracciones de leyes estatales de protección al consumidor por el uso de funciones de diseño “adictivas” (scroll infinito, autoplay, contenido efímero, filtros de belleza y algoritmos optimizados para maximizar el enganche); y afirmaciones engañosas sobre la seguridad real de Facebook e Instagram. La jueza ya dio un golpe a Meta en la antesala del juicio, al permitir que declare el denunciante interno Arturo Béjar, exingeniero que lleva años sosteniendo que las herramientas de seguridad infantil de la compañía eran ineficaces y que los altos ejecutivos sabían del daño.

La cifra que asusta a Wall Street: Meta se enfrenta a un posible pago de 1,4 billones de dólares

En ese dato está la clave financiera de la noticia, ya que Meta ha reconocido en un escrito judicial que los estados podrían reclamar penalizaciones de hasta 1,4 billones de dólares, una cifra que la propia compañía calificó de “desproporcionada” y sin “ningún análogo en la historia de la aplicación de la ley de protección al consumidor”. Los abogados de los estados, por su parte, han indicado a la jueza que una cifra más probable rondaría los 200.000 millones de dólares.

En cualquier caso, ese umbral de máximos hay que ponerlo en perspectiva, ya que un fallo de 1,4 billones pondría a Meta en quiebra, liquidaría a sus accionistas y, en la práctica, dejaría la compañía en manos de los estados, algo difícil de imaginar.

Como ejemplo de cómo los tribunales suelen moderar este tipo de reclamaciones, tenemos el caso de Anthropic por el uso de libros pirateados para entrenar IA: los demandantes pedían 150.000 dólares por libro copiado, pero el tribunal terminó fijando la sanción en 3.000 dólares por libro, un total de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

El precedente que ya ha costado casi 1.000 millones a la compañía

Este juicio no llega de forma aislada, ya que, apenas unas semanas antes, un jurado de Santa Fe (Nuevo México) falló contra Meta por violar la ley estatal de prácticas comerciales desleales, con una indemnización de 375 millones de dólares. Después, un juez ordenó adicionalmente el pago de 567 millones de dólares a un fondo de reparación vinculado a acusaciones de explotación sexual infantil, elevando el total a casi 1.000 millones de dólares.

Casi al mismo tiempo, además, un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y a YouTube por negligencia en el diseño de sus plataformas, con una indemnización compensatoria y punitiva combinada de 6 millones de dólares, de los que Meta asume el 70%. Por tanto, el mercado debe valorar adecuadamente la magnitud de este desafío, ya que el fallo de California por sí solo podría ser lo suficientemente grande como para cambiar la capacidad de financiación de Meta en el futuro.

La estrategia legal: esquivar el escudo de la Sección 230

Durante casi tres décadas, la Sección 230 de la Communications Decency Act ha blindado a las plataformas tecnológicas frente a demandas por contenido publicado por terceros. La coalición de fiscales ha construido su caso precisamente para eludir ese escudo: en lugar de atacar el contenido en sí, apunta a las decisiones de diseño del producto (el scroll infinito, el autoplay, los algoritmos de recomendación) y a las presuntas declaraciones engañosas de Meta sobre la seguridad de sus apps. Aun así, la propia jueza de Nuevo México ya advirtió que algunos de los cambios de diseño solicitados por los fiscales podrían chocar con la Sección 230 y con la Primera Enmienda, lo que sugiere que los tribunales no concederán a los demandantes la totalidad de lo pedido.

El frente que más inquieta a Zuckerberg: la inteligencia artificial

Si el tribunal determina que Meta violó la COPPA, los estados piden no solo la eliminación de todos los datos personales recabados de menores de 13 años, sino también la eliminación de “los algoritmos y modelos” entrenados con esos datos. Esa exigencia golpea directamente la apuesta de Mark Zuckerberg por la inteligencia artificial, en la que la compañía tiene previsto invertir hasta 145.000 millones de dólares este año, con un gasto de capital de 30.120 millones de dólares solo en el segundo trimestre de 2026 y un flujo de caja libre que se desplomó hasta 784 millones de dólares. Toda esa expansión depende del negocio publicitario, que representa el 98% de los ingresos de Meta.

Aun así, la compañía niega rotundamente las acusaciones. En un comunicado recogido por Los Angeles Times, Meta sostiene que “los fiscales generales de los estados pueden llamar a esto un caso histórico, pero sus limitadas alegaciones carecen de fundamento y sus exigencias financieras son absolutamente desproporcionadas. En lugar de ceñirse a los hechos o a la ley, los estados han optado por perseguir un pago descabellado”. Meta también argumenta que se le está intentando penalizar por retos que son comunes a todo el sector, como la verificación de edad, y destaca las medidas de protección que ya ha implementado: cuentas de adolescentes privadas por defecto desde 2024, restricciones de mensajería y contenido, controles parentales, y sistemas de IA para detectar menores de 13 años o adolescentes que mientan sobre su edad.

Las acciones de Meta reflejan el nerviosismo por el juicio

El nerviosismo ya se refleja en la cotización, con el precio por acción de Meta cayendo ayer un 3,54% hasta los 568 dólares, dejando la capitalización bursátil en 1,45 billones de dólares y el PER en 21,44 veces beneficios. La acción cotiza muy lejos de su máximo de las últimas 52 semanas, 790,80 dólares, y se acerca a su mínimo anual de 520,26 dólares. Tras la sesión de ayer, el título acumula una caída del 26% en el último año y del 12,1% en el último mes. La principal preocupación del mercado sobre Meta, que recientemente presentó sus resultados, era la factura de capex de la IA. Sin embargo, desde el inicio de los alegatos esta misma semana, el riesgo legal es ahora el principal factor bajista que el mercado está incorporarando al precio.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

Con el juicio a Meta podría buscarse un precedente definitivo en el sector. Es decir, daños extraordinarios y remedios estructurales igualmente extraordinarios. Además de las cuatro jurisdicciones que litigan en Oakland, otros 25 estados tienen previsto celebrar sus propios juicios más adelante, y en paralelo sigue abierto un litigio federal de distritos escolares que se espera llegue a juicio el próximo año en el norte de California. Es precisamente esta cadena de litigios —Nuevo México, Los Ángeles, y ahora la coalición liderada por California— la que ha llevado a analistas y a la propia fiscalía de California a calificar esta etapa como el “momento Big Tobacco” de las redes sociales: una comparación directa con el punto de inflexión que en los años 90 obligó a las tabacaleras a pagar miles de millones y redujo drásticamente su poder de mercado.

Para un inversor, el mensaje de fondo es claro: el riesgo ya no es solo regulatorio o reputacional, sino potencialmente estructural, capaz de afectar tanto al modelo de negocio publicitario como a la financiación de la carrera de Meta en inteligencia artificial, justo en el momento en que la compañía más necesita ese capital.